El Ayuntamiento de Sant Jaume dels Domenys (Tarragona) y Aqualia crean un Fondo Social para las familias sin recursos

El Ayuntamiento de Sant Jaume dels Domenys y Aqualia, la empresa que gestiona el Servicio Municipal de Agua, han firmado un convenio para crear un Fondo Social para garantizar el acceso al agua potable a todos los ciudadanos que no pueden hacerse cargo del pago de la factura del agua.
Con la firma de este convenio, Aqualia y el Ayuntamiento dan cumplimiento a la Ley 24/2015, de aplicación de las medidas de atención solidaria relacionadas con el suministro básico de agua a personas físicas y unidades familiares en riesgo de exclusión residencial.
La dotación para 2018 de este Fondo es de 2.500 euros e irá a cargo de Aqualia a fondo perdido, sin que este importe afecte al balance de la concesión. En este sentido, el delegado de Lleida y Tarragona, Francesc Quintillà, ha manifestado que “el agua es un bien básico de primera necesidad, un derecho humano, y por lo tanto, todo el mundo lo tiene que tener garantizado. Por eso, desde Aqualia proponemos mecanismos que permiten continuar prestando el Servicio a las personas necesitadas, asegurando así que nadie se pueda ver privado de este bien por motivos económicos. Nuestro papel como empresa especializada en la gestión de Servicios públicos no solo pasa por ofrecer las mejores respuestas técnicas para la sostenibilidad económica y medio ambiental del Servicio, sino también para emprender, junto a las administraciones públicas, acciones para garantizar la sostenibilidad social”.
El alcalde de Sant Jaume, Magí Pallarès, ha manifestado que “el Ayuntamiento quiere contribuir a superar las graves dificultades económicas que cada vez sufren más familias como consecuencia del actual contexto de crisis”. Por eso ha agradecido la “sensibilidad de Aqualia” y ha valorado muy positivamente que “haya decidido dar este paso adelante”.
Para otorgar la ayuda del Fondo Social se aplicarán los criterios fijados por el departamento de Servicios Sociales del Ayuntamiento para los casos de prestaciones económicas de urgencia social.