Respuesta a las declaraciones del 17/08/16 de alcaldesa de Gibraleón

La empresa quiere aclarar lo siguiente:

1.- Esta empresa no entiende que la alcaldesa haga estas declaraciones cuando existen en poder del Ayuntamiento varios escritos con registro de entrada, en los que atendiendo a los requerimientos que ella misma nos hizo el día 9 de agosto, Aqualia se compromete a colaborar, como habitualmente hace, con los Servicios Sociales Municipales y facilitarles la información necesaria para analizar previamente la situación concreta de cada familia para que nadie que realmente tenga dificultades económicas se vea perjudicado por la deuda que mantiene con el Servicio Municipal de Aguas.

2.- Cabe recordar que Aqualia en ningún momento ha realizado cortes a familias que, según el criterio de los Servicios Sociales del Ayuntamiento, no pueden pagar el agua.  Siguiendo el procedimiento acordado, los listados de cada campaña de corte se han facilitado al Ayuntamiento con semanas de antelación al corte, siendo los Servicios Sociales del mismo los que han identificado cuáles son las familias a las que no se debe cortar el agua en función de los criterios marcados por los propios Servicios Sociales.
Cabe destacar que en los últimos meses, debido al escaso e incluso nulo contacto por parte del Ayuntamiento hacia nuestra entidad, no nos han indicado nada al respecto, paralizando de este modo nuestra gestión, pues al no conocer los datos de las familias olontenses y con el fin de no perjudicar a familias necesitadas, ha visto agravada la deuda de impagado.

3.- Dado que en Septiembre Aqualia ya no prestará servicio en Gibraleón, la empresa ha propuesto al Ayuntamiento que la deuda pendiente derivada de impagos, sean estos por dificultades económicas o no, se deduzca de la liquidación que se practique a la finalización del contrato.

4.- Hay que aclarar que la decisión de realizar una campaña de corte no viene dada, como manifiesta la alcaldesa, por “una pataleta” antes de dejar de prestar servicio, sino que se trata de una actividad rutinaria de todo Servicio Municipal de Aguas y estaba programada y comunicada a la Delegación Provincial de Innovación, Ciencia y Empresa antes de que se celebrase el Pleno del 29 de julio en el que el Ayuntamiento, sin notificación previa de ninguna clase a Aqualia, decidió cambiar de modelo de gestión.

5.- En relación a las razones de este cambio que Lourdes Martín argumenta, Aqualia quiere hacer constar que:
 - la empresa no ha pagado el citado canon porque está en discrepancia con las exigencias económicas del Ayuntamiento, que no corresponden con el tipo de contrato vigente entre ambas partes. Por supuesto, en cuanto estas se disipen, se abonará lo que por derecho corresponda y no lo que unilateralmente se quiera imponer por parte del Consistorio.
 - el primer plazo del alquiler de la oficina (9 meses a razón de 985€/mes) fue satisfecho por Aqualia en el tiempo y forma establecidos por el propio Ayuntamiento el pasado 28 de julio, por lo que no es cierto que no se haya pagado. El resto de plazos se seguirán pagando en tiempo y forma.
    - las inversiones que Aqualia ha ejecutado en infraestructuras del Servicio Municipal de Aguas de Gibraleón superan con creces los 40.000€, como se reflejará en el informe final que se entregará a la liquidación del contrato.
 - la sustitución de redes no es competencia de Aqualia, que es responsable del mantenimiento de las mismas, pero no de la reposición. En cambio la empresa sí ha registrado oficialmente informes técnicos en el Ayuntamiento en los que alertaba del estado de las tuberías de las citadas calles proponiendo que llevase a cabo la inversión correspondiente para su renovación integral (fuera ejecutada por Aqualia o cualquier otra empresa).

6.- En cuanto a las declaraciones respecto a que los precios vigentes en el servicio son “irreales” y la supuesta intención de Aqualia con ello de “atar al municipio durante 25 años a la gestión privada (…)”, es de relevancia recordar que, tal como establece la Ley, las tarifas de los Servicios Municipales de Agua las fijan siempre los Ayuntamientos, no las empresas. Esto no sucederá a partir de Septiembre cuando el Ayuntamiento se integre en la MAS, donde su “voz y voto” pasarán a diluirse entre los otros 65 municipios, condicionando sus tarifas a lo que otros decidan.